Definir el fascismo es complicado, pero, más o menos, en el lenguaje común solemos entender por fascista a quien quiere imponer su visión del mundo a todos los demás e impide que los ciudadanos tengan parcelas de libertad en las que pensar, decir y hacer lo que crean oportuno. Es propio de un fascista no dejar hablar al que opina lo contrario de lo que él defiende, o impedir que se defiendan en público esas ideas, o prohibir manifestaciones de los adversarios, o querer que las únicas ideas que existan en la sociedad sean las que defiende el propio fascista.
Últimamente estoy detectando en el comportamiento de algunos políticos de la derecha unos ramalazos fascistas que me están empezando a preocupar y que me están creando una desazón muy desagradable. Desde el desprecio, el nerviosismo y la mendacidad con los que se expresan gobernantes y gobernantas de Madrid hasta expulsiones de la oposición en los plenos de algún Ayuntamiento o coacciones a funcionarios públicos. Esto es muy negativo para la salud democrática de los ciudadanos y supone una actitud que violenta la paz de una sociedad libre como la que se supone que es la nuestra.
Hoy me he enterado de otro ramalazo fascista en un terreno en el que ya era lo único que faltaba: en el de la educación. En algunos Institutos de Madrid se ha recibido una orden del máximo responsable de la Dirección de Área Territorial correspondiente prohibiendo que se expongan carteles informativos en los Centros y que se informe a los padres sobre la situación que en la actualidad están sufriendo sus hijos, esto es, los alumnos de esos Centros. Cabe suponer fácilmente que es el poder político el que transmite estas órdenes al citado responsable y que éste, para no perder la confianza depositada en él, las transmite puntualmente a los funcionarios de las escuelas. Pero lo que conllevan esas órdenes es una prohibición de la libertad de expresión y de reunión, un hurto del derecho de los padres a estar informados de la educación que reciben sus hijos y una injerencia de dudoso carácter democrático en el funcionamiento de los centros. Los Derechos Humanos sufren con estos comportamientos.
Esas órdenes, además, revelan una torpeza política desmesurada, propia de quien está acostumbrado a tomar por súbditos a los ciudadanos sin medir las consecuencias de lo que esa actitud puede producir. ¿Creen acaso los generadores de esas órdenes que los profesores no van a informar a los padres? Si no les dejan en los centros, lo harán en la calle, con lo que el elemento fascista se hará manifiesto. ¿Están invitando a que en lugar de carteles, los profesores y/o los alumnos y/o los padres hagan pintadas? Pues es posible que opten por esa salida. ¿Quieren así rebajar la tensión que se masca en los centros? Pues van listos. Nunca vi a tantos profesores tan desmotivados, tan sin ganas de hacer algo que merezca la pena y que suponga el tradicional esfuerzo extra que suelen desarrollar como este año.
Muchos tenemos la impresión de que quieren cargarse la enseñanza pública. Pero lo alarmante es que no les importa si lo hacen cargándose de paso el comportamiento democrático. Hay que andarse con ojo.
