El expresidente del Congreso de los Diputados,
Gregorio Peces-Barba, publicó el sábado pasado en el diario
El País un artículo lleno de sensatez y de buen sentido, haciendo ver cómo uno de los males de nuestra democracia es el de que se está perdiendo el respeto a la ley y que esa falta de respeto viene muchas veces impulsada por las propias autoridades políticas.
Lo pongo aquí porque estoy seguro de que merece la pena leerlo y meditarlo.
Obediencia al derecho: los malos ejemplos
GREGORIO PECES-BARBA
EL PAÍS - Opinión - 28-08-2010
Para el respeto al Derecho corren malos tiempos. Quizás es uno de los peores datos sobre la salud política y para el ejemplo de los ciudadanos. Ejemplos de hipocresía, de descaro y de oportunismo, con mensajes directos de altos dirigentes políticos, proliferan por doquier y marcan con mucha frecuencia comportamientos destacados en el Gobierno, en la oposición y en muchas Comunidades Autónomas, especialmente del PP. Desde nuestra Carta Magna, en su artículo 9, se establece en ese sentido una obligación jurídica general para los ciudadanos y los poderes públicos, que "están sujetos a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico". Es un deber incondicionado, una exigencia ilimitada para las instituciones y para las autoridades, que solo tiene un resquicio individual muy restrictivo y que necesita refrendo legal o judicial al más alto nivel con la objeción de conciencia. No cabe objeción de conciencia colectiva ni tampoco fomentar esa objeción por las autoridades. Es lamentable tener que recordar lo obvio y mucho más que el mal ejemplo y los mensajes vengan de quienes tienen esa obligación mayor de respeto.
Toda teoría general debe concretarse con ejemplos, para vergüenza de quienes los representan, para sonrojo de los ciudadanos cumplidores, y con daño irreparable para la educación cívica de los más jóvenes. El caso de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña es paradigmático, con la llamada generalizada de muchos políticos catalanes al desconocimiento o a la desobediencia y con la pintoresca toma de posición del presidente del Gobierno y de su vicepresidenta primera de buscar arreglos para burlar la sentencia. Comprendo que la necesidad de conseguir mayorías suficientes exige esfuerzos y sacrificios, pero nunca se debe llegar a proponer la violación de la Constitución. Lamento que esas voces sean del PSOE, porque no es ni normal ni habitual. Por eso debe reprocharse con dureza.
En el PP, la desobediencia tiene forma directa, y supone la suspensión de la obediencia mientras se recurre al TC o se hace resistencia pasiva y "se acata pero no se cumple". Los ejemplos son infinitos y vienen de lejos: ley de dependencia, rechazo a la entrega de ordenadores a los estudiantes de centros públicos a partir de 4º de Primaria; rechazo a la orden del Ministerio de Cultura, en Valencia, que prohibió la demolición de las casas en la zona declarada como "bien de interés cultural" (BIC) del Barrio del Cabanyal; rechazo de la señora Aguirre al cumplimiento de la ley del tabaco, rechazo o tergiversación del sentido de la enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y derechos humanos, entre otros. Los recursos al TC solo durante los Gobiernos de Rodríguez Zapatero son ya 35.
En el colmo del descaro, Mariano Rajoy ha afirmado que los nombramientos de los nuevos magistrados del TC se harán cuando convenga al PP. La obligación derivada de un deber general de cumplimiento ineludible se desprecia y se convierte en una razón de oportunidad, que vulgarmente significa: lo haremos cuando nos dé la gana. ¿Es esa la respuesta de un jurista, registrador de la Propiedad, que pretende presidir el Gobierno de España? Como profesor de Teoría del Derecho le habría suspendido sin dudar un instante. Transmite falta de categoría, ignorancia de las consecuencias de esa afirmación, maquiavelismo barato, picaresca y carencia de grandeza. Habla poco y cuando lo hace se retrata.
El presidente de Murcia, que quizás sea jurista aunque no lo parece, responde a la entrada en vigor de la nueva ley del aborto con un sinsentido porque considera que no obliga, puesto que está pendiente de recurso de inconstitucionalidad. Sustituye y enmienda al propio TC al declarar la suspensión de la aplicación de manera unilateral. Al ignorar indebidamente la obligación de cumplimiento, transmite a todos sus subordinados y funcionarios un mensaje de desobediencia generalizada. Entre la ignorancia y la mala fe se producen daños irreparables al imperio del Derecho. Ni Rajoy ni nadie responsable del PP le ha desautorizado. Otra perla que no se sabe si atribuirla a la ignorancia, a la maldad o al todo vale contra el PSOE, es la de Esperanza Aguirre, apoyada por su consejero de Sanidad, Fernández Lasquetty, cuando afirman que van a fomentar la objeción de conciencia de médicos y enfermeras.
La objeción de conciencia es una opción individual y de la misma forma que no se puede dificultar ni impedir por las autoridades, tampoco se puede aconsejar ni impulsar. Es un comportamiento contra legem que solo se ampara por autoridades que hagan dejación de sus funciones y propongan empujar a decisiones que solo pueden tener un origen en la conciencia individual. En ese sentido, conviene subrayar el buen ejemplo que en estos casos ofrece el Gobierno de Castilla y León, una Administración del PP juiciosa y prudente.
Y los apoyos espirituales los ofrece, como siempre, la Iglesia institucional, que olvidando sus propias carencias, jalea estas actitudes y las justifica, santificándolas. Como siempre al rescate de las tesis más ultramontanas, el obispo Martínez Camino ha afirmado que "es una norma incompatible con la recta conciencia moral, en particular la católica". Es como si estuviéramos en la Edad Media y como si la Iglesia tuviera la suprema palabra. Felizmente, hoy la última palabra la tienen los ciudadanos, las instituciones democráticas, los principios, los valores y los derechos. Son los dioses de nuestro tiempo.
