Creo que en este país habría que dejar bien clara una cuestión, no sólo de límites, sino también de procedimientos. Parece ser que unos señores, que son obispos de la Iglesia católica, cada vez que les conviene, se autorizan a sí mismos, con argumentos que les convencen también a ellos mismos, a inmiscuirse en las leyes que democráticamente se dan todos los españoles, a opinar sobre la misma y, sobre todo, a generar una campaña episcopal en contra de ella. Véase, por ejemplo, el caso de la ley de muerte digna. La Iglesia, al parecer de estos señores, puede opinar sobre la sociedad civil cuando le venga en gana. Y, de hecho, lo hacen siempre de arriba abajo, confundiendo su verdad con la verdad y usándola para juzgar con ella lo que la sociedad decide democráticamente.
Sin embargo, cuando el procedimiento tiene lugar en dirección contraria, parece que la facilidad, la libertad, la igualdad y la tolerancia no funcionan de la misma manera. No hay más que ver el caso de la profesora de un Instituto que fue enviada a un colegio privado, concertado –o sea, financiado con fondos públicos- y regido por monjas, a hacer unas lamentables pruebas que organiza la Comunidad de Madrid. La profesora vestía una camiseta en la que no estaban dibujadas las siglas del grupo AC DC ni la lengua alargada de Mick Jagger, sino que contenía la expresión “Escuela pública de tod@s para tod@s”. Pues bien, como la profesora en cuestión no es obispa –no podría serlo, dado el machismo imperante en la Iglesia católica- y su opinión no era bien vista por los rectores o rectoras del colegio, fue denunciada a la DAT de Madrid-Capital, esto es, al organismo público del que depende la enseñanza en esa zona de la capital. Un inspector, que pertenece también a ese mismo organismo, al que está adscrito como funcionario, le abrió el correspondiente expediente y propuso una sanción que el Director de la DAT asumió y comunicó a la profesora.
De manera que los curas pueden opinar, criticar, oprimir e incluso decir barbaridades sin que nadie les diga nada ni les sancionen. Pero un ciudadano que tenga su propia opinión, si ésta no gusta a la Iglesia o a alguno de sus miembros, se organiza enseguida una minicruzada de defensa/ataque para que la crítica no se tolere y para que los organismos públicos no ejecuten las normas civiles, sino los caprichos religiosos de unos señores que se sitúan siempre por encima de las normas de la sociedad.
Desgraciadamente, esta es la irreal democracia que realmente tenemos y a la que se apuntan con entusiasmo grandes masas de individuos del país. Y la gente cada vez más dormida y el hedor creciendo.
