Pongo aquí dos párrafos del editorial de hoy del diario El País.
La experiencia indica que era necesaria la sustitución de la anterior regulación del aborto basada en supuestos por otra que lo despenalizara dentro de determinados plazos. A esta filosofía responde la ley aprobada en las Cámaras y que el Partido Popular tiene recurrida ante el Constitucional. De las declaraciones de algunos de sus dirigentes se deduce que su propósito no sería tanto impedir la aplicación de la nueva ley como replantear por completo la despenalización del aborto, y para ello pretenderían valerse del Tribunal Constitucional.
Si su verdadero programa consiste en prohibir la interrupción del embarazo, el Partido Popular debería decirlo expresamente y asumir los costes políticos. Lo que no puede hacer es intentar transferírselos al Tribunal, desentendiéndose, acto seguido, del destrozo institucional que provocaría. Adoptando esta estrategia, el Partido Popular no demuestra tanto su habilidad como su escasa lealtad al sistema constitucional.
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